Publicada en diario EL PAIS; Montevideo, 10 de febrero de 2010
Hernán Sorhuet Gelós
Es un asunto de nunca acabar. Los acuerdos internacionales se negocian y firman con el fin de mejorar la calidad de vida de los pueblos, y para garantizar la salud de los ecosistemas que sustentan la vida a lo largo y ancho del planeta.
A pesar de ello, los incumplimientos y las violaciones a sus pautas suelen estar a la orden del día, casi siempre sustentadas en intereses particulares y a corto plazo, que desplazan el interés general.
Como se recordará, los países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) aprobaron una moratoria a la caza de las ballenas que entró en vigencia en 1986. Fue una medida urgente para detener el proceso de extinción que amenazaba a la mayoría de las especies. Países como Japón, Rusia y Noruega objetaron la decisión y continuaron cazando.
Más tarde, Japón recurrió a un artilugio para continuar la explotación comercial de cetáceos dentro de una aparente legalidad. Creó un programa de “investigación científica” dentro del cual todos los años mata centenares de ballenas. Los resultados están a la vista: no presenta avances científicos que justifiquen la matanza, pero sí cada año comercializa miles de toneladas de carne.
En 1994 la CBI creó el Santuario Ballenero de la Antártida con el fin de salvaguardar este gran ecosistema de enorme valor ecológico y en diversidad biológica, respetando el sabio espíritu de mantener al continente blanco libre de la explotación comercial tradicional.
También esta prohibición ha sido ignorada por Japón, repitiendo el argumento de la “caza científica”.
Lo más preocupante es la falta de respuesta del resto de los miembros de la comisión para desenmascarar cualquier actividad ilícita, pues a la CBI le sobra información confiable y recursos técnicos para hacerlo.
Uno de los miembros es Uruguay, que luego de varios años ausente de la comisión –por no pagar la cuota anual- en 2008 reingresó con todos los derechos a ejercer un papel importante a favor de la conservación de los cetáceos marinos, en particular de las especies que forman parte de su fauna autóctona.
No resulta sencillo explicar las razones que llevan a los gobiernos nacionales a retardar sus capacidades de reacción ante asuntos de naturaleza internacional. Si la moratoria de caza está vigente -así como la prohibición de cazar en el entorno de la Antártida- ¿por qué cuesta tanto exigir su cumplimiento? Desde luego que cada nación es soberana para tomar el rumbo que considere conveniente. Además, por regla general, los acuerdos internacionales carecen de mecanismos específicos de sanción en caso de violación de sus mandatos. Lo que extraña es que ni siquiera se realice denuncias concretas y se exijan explicaciones a los supuestos transgresores.
Esta postura tan generalizada cuando en el banquillo se ubica a países poderosos, además de comprometer los objetivos que se persiguen, debilita la fortaleza de los acuerdos y las convenciones
Estamos a tiempo de corregirla.
A pesar de ello, los incumplimientos y las violaciones a sus pautas suelen estar a la orden del día, casi siempre sustentadas en intereses particulares y a corto plazo, que desplazan el interés general.
Como se recordará, los países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) aprobaron una moratoria a la caza de las ballenas que entró en vigencia en 1986. Fue una medida urgente para detener el proceso de extinción que amenazaba a la mayoría de las especies. Países como Japón, Rusia y Noruega objetaron la decisión y continuaron cazando.
Más tarde, Japón recurrió a un artilugio para continuar la explotación comercial de cetáceos dentro de una aparente legalidad. Creó un programa de “investigación científica” dentro del cual todos los años mata centenares de ballenas. Los resultados están a la vista: no presenta avances científicos que justifiquen la matanza, pero sí cada año comercializa miles de toneladas de carne.
En 1994 la CBI creó el Santuario Ballenero de la Antártida con el fin de salvaguardar este gran ecosistema de enorme valor ecológico y en diversidad biológica, respetando el sabio espíritu de mantener al continente blanco libre de la explotación comercial tradicional.
También esta prohibición ha sido ignorada por Japón, repitiendo el argumento de la “caza científica”.
Lo más preocupante es la falta de respuesta del resto de los miembros de la comisión para desenmascarar cualquier actividad ilícita, pues a la CBI le sobra información confiable y recursos técnicos para hacerlo.
Uno de los miembros es Uruguay, que luego de varios años ausente de la comisión –por no pagar la cuota anual- en 2008 reingresó con todos los derechos a ejercer un papel importante a favor de la conservación de los cetáceos marinos, en particular de las especies que forman parte de su fauna autóctona.
No resulta sencillo explicar las razones que llevan a los gobiernos nacionales a retardar sus capacidades de reacción ante asuntos de naturaleza internacional. Si la moratoria de caza está vigente -así como la prohibición de cazar en el entorno de la Antártida- ¿por qué cuesta tanto exigir su cumplimiento? Desde luego que cada nación es soberana para tomar el rumbo que considere conveniente. Además, por regla general, los acuerdos internacionales carecen de mecanismos específicos de sanción en caso de violación de sus mandatos. Lo que extraña es que ni siquiera se realice denuncias concretas y se exijan explicaciones a los supuestos transgresores.
Esta postura tan generalizada cuando en el banquillo se ubica a países poderosos, además de comprometer los objetivos que se persiguen, debilita la fortaleza de los acuerdos y las convenciones
Estamos a tiempo de corregirla.
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